Sobreexplotación de los acuíferos.
Contaminación por perforaciones mal diseñadas.
Reducción de la disponibilidad de agua para comunidades vulnerables.
Riesgos de intrusión salina en zonas costeras.
Regularizar los pozos existentes, con un enfoque colaborativo entre instituciones, usuarios y gobiernos locales.
Ampliar la cobertura del monitoreo hidrogeológico.
Fomentar la educación ambiental y el registro voluntario de captaciones por parte de usuarios privados y públicos.
Activar estrategias de planificación territorial que integren la dimensión subterránea del recurso hídrico.